El Arbitraje como Mecanismo de Solución de Controversias en Materia de Energéticos
Contribución de:
Lic. Marcelo Páramo Fernández
Socio del Despacho Haynes and Boone, S.C.
La Constitución Política de México reserva de manera exclusiva al Estado la exploración, explotación, producción y venta de hidrocarburos localizados en el Territorio Nacional. De igual forma, la Constitución reserva al Estado la generación, transmisión y distribución de electricidad destinada al servicio público.
Petróleos Mexicanos (PEMEX) y la Comisión Federal de Electricidad (CFE) en su calidad de empresas públicas encargadas de llevar a cabo las actividades reservadas al Estado en materia de hidrocarburos y electricidad, respectivamente, se encuentran sujetas a un régimen de derecho público establecido en las leyes que rigen su funcionamiento. No obstante, ambas empresas se encuentran facultadas para celebrar acuerdos arbitrales que les permitan acudir a este medio de solución de controversias.
A partir de las reformas de diciembre de 1993 a la Ley Orgánica de Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios y a la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica que permitieron a PEMEX, sus organismos subsidiarios y a la CFE celebrar acuerdos arbitrales, el arbitraje ha ido paulatinamente cobrando relevancia en asuntos relacionados con energéticos.
En tiempos recientes, la industria energética en México ha requerido someter sus disputas al arbitraje por dos razones principales. La primera deriva del efecto de la globalización internacional, ya que el arbitraje es una práctica muy recurrida en el mercado internacional de energéticos. La segunda es el grado de especialización y conocimiento de la industria que necesita tener el juzgador para resolver sobre una controversia en particular. Normalmente, las disputas contractuales derivadas de asuntos relacionados con la industria energética son de tal manera complejas que las partes han preferido confiar la resolución del conflicto a un panel de expertos nombrados por ellas mismas.
Además de las áreas reservadas al Estado en esta materia, existen otras actividades en las que la inversión privada puede participar y en las que el arbitraje también ha sido un mecanismo viable de solución de controversias. El transporte, almacenamiento y distribución de gas natural son actividades que pueden realizar empresas del sector privado, bajo un permiso otorgado por la Comisión Reguladora de Energía (CRE). La Ley de la Comisión Reguladora de Energía faculta a la CRE para actuar como árbitro en las disputas que surjan entre los permisionarios y sus usuarios. No obstante la CRE no ha actuado como árbitro ni ha implementado un mecanismo que le permita actuar como tal en conflictos derivados de dichas actividades, las partes se encuentran en plena libertad de someter sus disputas a uno o más árbitros nombrados por ellas mismas.
Por otro lado, empresas privadas también pueden generar electricidad para abastecer sus necesidades de suministro eléctrico, siempre y cuando no se enajene la electricidad a terceros y se obtenga un permiso de generación de electricidad por parte de la CRE. La inversión privada en esta industria ha crecido en México para garantizar el suministro de electricidad y reducir sus costos. De esta actividad derivan varios tipos de contratos entre el permisionario y empresas internacionales de generación y construcción, en los que es común que se pacte una cláusula arbitral para resolver las posibles desavenencias que puedan surgir entre las partes.
A pesar de las restricciones legales que limitan la inversión privada en materia de energía en México, el arbitraje como medio idóneo de solución de controversias en esta industria es un mecanismo que ha demostrado su utilidad y es previsible que exista una tendencia a incrementar su uso.
Marcelo Páramo Fernández es socio del despacho de abogados Haynes and Boone, S.C. De 1990 a 1995 fue abogado interno de Petróleos Mexicanos y de 1995 a 1997 fungió como Director General de Asuntos Jurídicos de la Comisión Reguladora de Energía. De 1997 a la fecha ha enfocado su práctica a la representación de empresas en la industria energética en México.